El quinto informe del RUV registró 14 casos en Almagro y Boedo y 19 en Balvanera y San Cristóbal.
El quinto Registro Unificado de Violencias (RUV) relevó 349 hechos en la Ciudad de Buenos Aires y 619 en todo el país entre agosto de 2025 y agosto de 2026. La Comuna 5, integrada por Almagro y Boedo, concentró 14 episodios, mientras que Balvanera y San Cristóbal registraron otros 19. En CABA, el 86,5% de los hechos relevados correspondió a violencia institucional. Además, 28 personas en situación de calle murieron durante el período analizado.
En las calles de Almagro y Boedo, como en otros barrios porteños, la presencia de personas que viven o pasan gran parte de sus días en el espacio público forma parte de una escena urbana que muchas veces se vuelve cotidiana.
El quinto Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle, elaborado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el Grupo de Investigación Sociabilidades por los márgenes, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, documentó 619 hechos de violencia en todo el país entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 de agosto de 2026. Los episodios afectaron a más de 721 personas y equivalen, según el relevamiento, a un hecho de violencia cada 14 horas.
La Ciudad de Buenos Aires aparece en una situación particularmente crítica: concentra 349 de los 619 hechos registrados a nivel nacional, es decir, el 56,38% del total. También presenta la tasa más elevada de personas afectadas por estos episodios en relación con su población, con 11,66 casos cada 100.000 habitantes.
Almagro y Boedo: 14 episodios registrados
El número coloca a la Comuna 5 por encima de otras zonas porteñas como las Comunas 15, 12, 11 y 2, aunque por debajo de los principales focos registrados en el centro y el sur de la Ciudad. El informe, sin embargo, no plantea que una cantidad mayor o menor de casos equivalga necesariamente a una mayor o menor presencia de personas en situación de calle. Se trata de hechos que pudieron ser documentados y geolocalizados, y no de un censo de todas las violencias existentes.
Esa aclaración resulta central para interpretar los datos. Las investigadoras advierten que el RUV no pretende constituir una estadística exhaustiva, sino un “piso mínimo” de violencias registradas. La población en situación de calle es considerada un colectivo de difícil acceso y muchas de las situaciones que atraviesa no llegan a los medios, a organismos estatales o a las organizaciones que aportan información al registro.
Por eso, detrás de los 14 casos de Almagro y Boedo no necesariamente hay solamente 14 situaciones. El número expresa aquello que pudo ser identificado, documentado y sistematizado.
El centro y el sur concentran los mayores registros
El mapa porteño presenta diferencias marcadas entre comunas.
La Comuna 1, que incluye Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, registró 90 casos, la cifra más alta de toda la Ciudad.
Le siguió la Comuna 4, integrada por La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, con 36 hechos. Palermo, en la Comuna 14, registró 27, mientras que la Comuna 13 —Belgrano, Núñez y Colegiales— contabilizó 22.
Luego aparecen Balvanera y San Cristóbal con 19, y Almagro y Boedo con 14.
En el otro extremo, la Comuna 2, correspondiente a Recoleta, registró cuatro hechos; la Comuna 11, cinco; y la Comuna 12, siete. La Comuna 8 —Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati— no tuvo casos relevados en el registro geolocalizado.
La ausencia de registros, sin embargo, tampoco puede interpretarse automáticamente como ausencia de violencia. El propio informe insiste en que se trata de un relevamiento parcial y que los datos dependen de las fuentes disponibles y de las posibilidades de documentar cada situación.
Una violencia que no siempre empieza con una agresión física
Uno de los principales aportes del RUV es ampliar la mirada sobre qué significa hablar de violencia contra una persona en situación de calle.
El informe no contabiliza únicamente golpes o ataques físicos. También contempla distintas formas de violencia institucional, estructural y social, así como muertes ocurridas en condiciones vinculadas con la intemperie o la falta de acceso a derechos básicos.
A nivel nacional, de los 619 hechos registrados, 356 fueron clasificados como violencia institucional, equivalentes al 57,5%. Otros 148 —el 23,9%— fueron considerados violencia estructural, mientras que 115 —el 18,6%— correspondieron a violencia social.
La violencia institucional incluye situaciones en las que intervienen funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, pero también problemas vinculados con las propias políticas de asistencia y las respuestas estatales.
En CABA, la proporción es todavía más contundente: el 86,5% de los episodios relevados correspondió a violencia institucional.
Entre las situaciones registradas aparecen desplazamientos forzados de personas y sus pertenencias, hostigamientos, detenciones denunciadas como ilegales, violencia verbal y uso excesivo de la fuerza.
También se incluyen situaciones menos visibles pero igualmente determinantes: falta de vacantes en paradores, deficiencias en los dispositivos de alojamiento, obstáculos para acceder a la asistencia y ausencia de respuesta frente a determinadas situaciones críticas.
El informe también identifica episodios de hostigamiento hacia organizaciones comunitarias, comedores, ollas populares y otros espacios que acompañan a las personas que viven en la calle.
De esta manera, la violencia no aparece solamente como un episodio aislado entre dos individuos. Puede producirse también en la relación entre una persona y las instituciones encargadas de asistirla, protegerla o controlar el espacio público.
Un nuevo aporte: las violencias durante las detenciones
Esta quinta edición incorporó además información de la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa de CABA.
El aporte permitió registrar situaciones de violencia institucional producidas específicamente durante las detenciones de personas en situación de calle.
La incorporación es relevante porque permite observar una dimensión que muchas veces queda fuera de los registros periodísticos: qué sucede después de que una persona es interceptada o detenida.
28 personas murieron en CABA
El dato más extremo del informe aparece en el registro de fallecimientos.
Durante los doce meses relevados, 151 personas en situación de calle murieron en 22 jurisdicciones del país, un promedio de aproximadamente 13 fallecimientos por mes. La Ciudad de Buenos Aires encabezó el listado con 28 muertes, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 27.
Después aparecen Córdoba y Salta, con diez fallecimientos cada una, y Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Santa Fe, con nueve cada una.
Casi la mitad de las muertes registradas a nivel nacional —71 casos, equivalentes al 47%— ocurrió entre mayo y agosto, durante los meses de temperaturas más bajas. El informe señala, no obstante, que en CABA se registraron menos muertes asociadas al frío que en la edición anterior.
La cifra vuelve a poner en discusión una idea que suele aparecer cada invierno: que el frío es el único factor que explica las muertes de personas que viven en la calle.
La intemperie es, en efecto, una condición extrema. Pero el concepto de violencia estructural utilizado por el informe permite mirar más allá de la temperatura y considerar también la falta de vivienda, las dificultades para acceder a dispositivos de alojamiento, las condiciones de salud y las barreras para acceder a políticas de asistencia.
Mujeres y diversidades: violencias que permanecen más ocultas
El informe incorpora además una mirada específica sobre las violencias de género.
A partir de un análisis cualitativo de 20 casos difundidos en medios digitales, las investigadoras identificaron agresiones físicas, femicidios, transfemicidios, amenazas, violencia verbal, vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos y situaciones vinculadas con redes de trata.
