Debaten derechos y reinserción social.
En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales retomaron el análisis de los proyectos que buscan crear un Sistema Penitenciario propio y una nueva Ley de Ejecución Penal. La jornada incluyó la participación de especialistas, referentes sociales y académicos que aportaron experiencias y recomendaciones sobre educación, trabajo y reinserción social de internos.
La mañana comenzó con la comisión de Salud, que recibió al director del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, Oscar Pérez, acompañado por médicos de la institución. Durante casi dos horas, los legisladores pudieron conocer la situación del hospital en cuanto a infraestructura, turnos médicos, insumos y deudas con obras sociales.
En el turno vespertino, la discusión se centró en el diseño del sistema penitenciario porteño. Entre los participantes se encontraban Luis Cevasco, ex fiscal de la Ciudad, quien destacó la importancia de diferenciar los perfiles de personas privadas de libertad y señaló que “el trabajo y el deporte son ejes de reinserción fundamentales”.
El abogado penalista Gabriel Lezzi enfatizó la urgencia de que la Ciudad cuente con su propio servicio penitenciario y una ley de ejecución de la pena que regule cómo deben cumplirse las condenas. “Ni los lugares ni el personal están preparados para alojar presos”, advirtió, y agregó que las audiencias telemáticas podrían reducir riesgos y costos en los traslados.
Marta Laferriere, directora del programa UBA XXII, resaltó el papel de la educación: “La educación es un pilar absolutamente necesario si pensamos en una transformación; se trata de construir ciudadanos”. Dolores Irigoin, de la Fundación Espartanos, presentó la experiencia de su organización, que utiliza el rugby como herramienta de integración y cambio para personas privadas de libertad.
El debate también abordó dimensiones espirituales y familiares. El pastor evangélico Osvaldo Carnival destacó el “acompañamiento espiritual” como apoyo para que los internos proyecten otra vida y pidió que el nuevo marco legal contemple la capellanía interreligiosa. Rocío Jara, ex detenida y referente de la Rama Liberados y Familiares del MTE, señaló la necesidad de políticas con perspectiva de género: “Las mujeres seguimos sosteniendo familias desde la cárcel. Es fundamental garantizar los derechos de nuestros hijos y acompañar en el arresto domiciliario”.
Mariano Bocassi, también de Liberados, valoró la convocatoria: “No es lo mismo irse a la calle que irse en libertad. La educación y el trabajo son los pilares de la revinculación con la comunidad y deben estar en manos de los ministerios civiles, no del servicio penitenciario”.
Desde la sociedad civil, Macarena Fernández, del CELS, realizó observaciones críticas sobre los proyectos del Ejecutivo. “La ley de ejecución define cómo debe ser el encierro y los derechos de las personas privadas de libertad. Observamos problemas que sería conveniente corregir antes de que lleguen al recinto, como que la pena tenga como objetivo la seguridad en lugar de la resocialización”, explicó.
Fernández también alertó sobre situaciones de violencia no reguladas y cuestionó la gestión privada de algunos servicios en cárceles, aclarando que la custodia debe ser responsabilidad del Estado: “En otros países, la gestión privada ha resultado muy costosa y poco eficiente”.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, cerró la jornada destacando que el objetivo es avanzar hacia un sistema penitenciario que combine seguridad, inclusión social y respeto a los derechos humanos. “Se busca ofrecer herramientas de capacitación y reinserción y construir un sistema pensado desde cero”, afirmó.
Los debates continuarán en próximos encuentros parlamentarios, con la meta de consolidar un marco legal propio que regule la detención y la ejecución de penas, incorporando educación, trabajo, seguridad, derechos humanos y tecnología para optimizar la gestión penitenciaria.
