El Gobierno porteño oficializó la Ley 6.817 y puso en marcha el beneficio.
La Ciudad reglamentó la Ley 6.817 y puso en marcha el pase libre para jubilados, pensionados y retirados con domicilio en Buenos Aires. La medida alcanza a miles de adultos mayores que, desde octubre, podrán desplazarse sin costo por la red de subterráneos porteña.
El Decreto 325/25, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri y refrendado por su gabinete, habilita el pase libre en toda la red de subterráneos para quienes residan en la Ciudad y acrediten su condición previsional. La resolución elimina las restricciones horarias y designa al Ministerio de Infraestructura como autoridad responsable de implementar y fiscalizar el beneficio.
Un reclamo que llega a destino
La medida responde a un reclamo histórico de los adultos mayores, quienes pedían igualdad de acceso al transporte público. El decreto se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución porteña, que garantiza “el pleno goce de derechos a las personas mayores y su participación activa en la comunidad”.
El espíritu de la norma se inscribe en una tendencia más amplia de políticas de inclusión. En ese sentido, el Gobierno porteño sostuvo que el acceso gratuito al subte “no es un beneficio, sino un derecho que amplía la movilidad y la autonomía de quienes construyeron la ciudad”.
Quiénes pueden acceder
Podrán solicitar el pase quienes acrediten su condición en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o en los regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto nacionales como provinciales o de la CABA.
Además, deberán tener domicilio registrado en la Ciudad y demostrar ingresos inferiores a dos y medio haberes mínimos jubilatorios. Según la última actualización de la ANSES, en octubre de 2025 la jubilación mínima será de $396.298,38, por lo que el límite de ingresos para acceder al beneficio se ubica en $990.745,95.
Cómo hacer el trámite
El trámite se podrá realizar a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), en sedes comunales o en estaciones cabecera habilitadas por el Gobierno porteño y la empresa Emova.
Durante los primeros meses, se reforzará la atención con puestos móviles y digitales, además de la entrega de folletos informativos y códigos QR para agilizar la autogestión.
Los solicitantes deberán presentar su DNI actualizado con domicilio en CABA y el último recibo de haberes. Una vez aprobada la solicitud, recibirán una tarjeta magnética personal e intransferible, vinculada al número de DNI del beneficiario.
El uso indebido o la falsedad de datos implicará la baja inmediata del pase, que tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse acreditando nuevamente las condiciones exigidas. Si el titular se muda fuera de la Ciudad, fallece, o no utiliza el beneficio durante dos años consecutivos, la credencial quedará anulada.
En caso de robo o pérdida, la reposición será gratuita mediante los canales digitales o presenciales habilitados.
Una política que viaja con historia
El acceso gratuito al transporte público para jubilados era una deuda pendiente. Si bien los adultos mayores contaban con descuentos en la red de colectivos y en el sistema SUBE nacional, el subte porteño mantenía un esquema aparte, con tarifas plenas y sin excepciones hasta ahora.
La reglamentación de la Ley 6.817 pone fin a esa desigualdad, reconociendo al subte no sólo como un medio de transporte, sino como un espacio de encuentro, memoria y ciudad. Para muchos jubilados, representa la posibilidad de volver a recorrer lugares ligados a su historia laboral, afectiva o cultural, sin el obstáculo del costo del pasaje.
“Es un gesto de reconocimiento y de justicia social —expresaron desde el Ministerio de Infraestructura—, no se trata de un subsidio, sino de asegurar que quienes construyeron esta ciudad puedan seguir siendo parte de ella”.
