martes, octubre 26

El derecho a un hogar digno

El inmueble de Av. Boedo 1959/67 fue declarado hace tiempo de utilidad pública y sujeto a expropiación por medio de la Ley N° 4.480. Una larga historia y con 26 familias que reclaman por una vivienda digna. En TdB te la contamos en detalle a través de la voces del comunero Hernán Gorretta y Mónica Sosa, vecina del lugar.

Se trata de un conjunto de edificios linderos ubicados al sur del barrio de Boedo, casi en el cruce con avenida Caseros, limite con Pompeya, donde hace un poco más de 30 años atrás se abandonó una obra a medio hacer de la constructora San Sebastián Propiedades S.A. Sus propietarios, luego de la quiebra, estafaron a más de quinientas familias.

Así fue que en 1992 quedaron algunos obreros sin paga “autorizados por la misma empresa” y decidieron vivir con sus familias con el cemento a medio revocar. El resto de la historia se hizo vía judicial: veinticuatro de esos damnificados promovieron un juicio que derivó en un pedido de desalojo durante 2011. Este fue la atenuante para llegar a los despachos legislativos.

TdB quiso tener la voz directa de una vecina que vive allí y Mónica Sosa es una de las referentes del conjunto de edificios. De sangre guaraní. Ha estado desde el comienzo de la lucha y resistencia. En la charla que este medio digital mantuvo con la vecina, a través de su voz fuerte, segura, y clara, trasmitió una energía positiva especial.

“En mi familia somos tres, mi esposo, mi hija de dos años y yo. Vivo en el edificio desde el año 90. En aquel momento el edificio lindero se estaba construyendo, y familiares míos trabajaban en ese lugar. La empresa quebró, se fue. Entonces vinimos los familiares. Me vino a vivir al principio con una amiga. Fuimos cerrando los departamentos con material”, recordó.

Ella ahora tiene 50 años, se vino a los 18. Después del intento de desalojo del 2011, quisieron organizarse en cooperativa. Supo recorrer personalmente los despachos y golpear las puertas de los legisladores para elaborar el proyecto de ley de expropiación. “Cada dos años renovamos la expropiación, ahora le pedimos al IVC que sea por 6 años al menos”, exigió.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) les sugiere que conformen definitivamente la cooperativa, ya que aún no tiene la matrícula definitiva del INAES. “También hemos trabajado a lo largo de estos años con organizaciones políticas y sociales. Siempre no están dando una mano. Hacemos eventos y juntamos plata para comprar cosas que hacen falta para el edificio. Actualmente estamos censados y empadronados en el IVC”, comentó.

Para Mónica, la vida social que transcurre en el día a día del edificio es parte de su vida. Y eso la motiva fuertemente a seguir luchando para obtener definitivamente un hogar digno y definitivamente propio: “He visto nacer a mucho bebés, hijos de las familias de acá. Conozco a todos”.

“Todo lo hemos hecho entre los vecinos organizados. Sueño con una pieza, una cocina, o un baño, que mi hija tenga su cuarto, algo mucho mejor de lo que tengo ahora”, expresó esperanzada.

Novedades sobre el tema

El comunero Hernán Gorretta, quien integra el bloque del Frente de Todos dentro de la Junta Comunal N° 5, recordó que “en aquel momento las familias de los trabajadores tomaron el lugar. A partir de eso intentaron organizarse en una cooperativa que se llama Néstor Kirchner, pero habiendo tantas familias les resultó un tanto dificultoso consensuar acciones. Desde el 2011 se comenzó el trabajo para una ley de expropiación del lugar, para a la par venderle el edificio a la cooperativa, en el marco de la Ley 341 de Vivienda Social Transitoria”.

Además hizo referencia a las últimas novedades sobre este tema: “Los primeros días de enero mantuvimos una reunión entre los vecinos y el IVC para retomar el diálogo. La misma fue generada de manera institucional tras una iniciativa de los comuneros del Frente de Todos. También fuimos con Sebastián Perdomo -el presidente de la Junta-, y una delegación del edificio. Hay un problema central, que es que no aparecen los planos del edificio. Con lo cual el Banco Ciudad no puede tasar el edificio. Quedamos que en marzo nos íbamos a volver a juntar con ellos. Lo cierto también es que la tenencia provisoria se renueva cada dos años. No habría voluntad política para que el Gobierno de la Ciudad compre el inmueble y el miedo principal es que se produzca un nuevo intento de desalojo, aunque esto último no lo creemos posible. En líneas generales la reunión fue positiva”.

“La realidad es que las condiciones en las que viven las familias hoy día son muy precarias. Tres o cuatro familias por piso comparten un baño cuando lo que les correspondería serían viviendas individuales, con su baño, cada uno con su departamento. Tienen los subsuelos inundados, cada tanto Defensa Civil pasa a desagotarlos. Los comuneros compramos una bomba. Queremos evitar que se produzcan brotes de dengue como pasó el año pasado”, describió el referente barrial a TdB.

Hernán destacó el trabajo social de acompañamiento a las familias del edificio que vienen realizando hace un tiempo y agregó que junto a “organizaciones sociales y políticas le dimos una mano y los acompañamos en la conformación de la cooperativa. Uno de los desafíos para este año es conformar una mesa de trabajo, queremos que los funcionarios del gobierno pasen, visiten la vivienda y vean cómo es”.