viernes, septiembre 24

El accionar policial y el derecho a la salud

Por Sandra Vieira y Agustina Crocamo (Biblioteca Popular Arturo Jauretche).

Hace unos días nuestro país volvió a amanecer con la noticia de un hecho violento -cuasi criminal- acaecido sobre una persona famosa en manos de un oficial de la Policía Bonaerense.

El conocido músico Santiago «Chano» Moreno Charpentier, en ocasión de una descompensación emocional ocurrida en las afueras del country en el que viven él y su familia, fue baleado en el estómago ante un confuso episodio que supuestamente ponía en riesgo la vida de Facundo Amendolara, el agente policial en cuestión.

Tan solo algunas horas antes, la madre del músico se había comunicado con su prepaga solicitando la asistencia de un psiquiatra para asistir a su hijo hasta que llegó el móvil policial y una ambulancia con médicos clínicos.

Este hecho tuvo alta repercusión en los medios hegemónicos, poniendo en relieve nuevamente el accionar policial, que muy lejos de ocuparse de salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, atenta contra la vida del músico, alegando defensa personal.

Por supuesto que el caso de “Chano”, desafortunadamente, no es el único. Días atrás, pero sin repercusión mediática, nos volvimos a encontrar con otros dos casos de violencia institucional-así podemos llamarlos ciertamente- perpetrados contra jóvenes y que terminaron con la muerte de cada uno de ellos. Nos referimos a los casos de Matías Nicolás Ruiz en Salta y Victoria Núñez en Entre Ríos.

Ambas personas en estado de descompensación fueron abordadas por la policía salvajemente. En uno de los casos se sumó además la homofobia como causa subyacente; homofobia que reconocemos como propia y característica de las fuerzas de seguridad de nuestro país.

Con estos dos casos anónimos e invisibilizados, de personas pertenecientes al grupo de “los nadies” en palabras de Eduardo Galeano, se pone en evidencia aún más cómo es posible perpetuar sobre determinados grupos mayores abusos con la idea de que no hay quien reclame por ellxs y sus derechos.

Si entendemos la violencia institucional como aquella violencia que un Estado, mediante sus agentes y funcionarios, ejerce sobre una persona o grupo, donde además el uso de poder habilita a acciones punitivas y represivas sobre estos, tenemos aquí claros ejemplos de la misma.

Es ese mismo Estado el que debe resguardar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y debe entonces tomar cartas en el asunto, no solo sancionando a quienes ejercieron violencia usando el poder que les da su cargo, sino que además las fuerzas de seguridad en su formación o practica debieran implementar otro tipo de abordaje sobre estos casos, discusión que se encuentra lejos de estar saldada.

Las fuerzas policiales no ofrecen garantías a lxs ciudadanxs y lo que es aún peor, sus prácticas represivas y punitivas por fuera de la ley están teniendo consenso y aceptación en cierto sector de la sociedad que ve con buenos ojos a personas como Chocobar, paladín del gatillo fácil, que viene a hacer justicia allí donde la justicia pareciera no operar para algunos.

No es casual que el oficial que baleó a Chano, luego del episodio haya sido recibido por Chocobar. Incluso la fundación que creó el oficial condenado por matar a un ladrón, cuyo objetivo es patrocinar a colegas procesados, le dará asesoramiento legal a Amendolara.

Así es que la idea de justicia por mano propia y la idea de justicia para algunxs, parece ser -o corre el riesgo de ser- un nuevo ardid de la derecha argentina para tener al “loco”, al adicto, no como sujeto de derechos, sino como un peligro para la sociedad.

En esta oportunidad vuelve el interrogante de si las fuerzas de seguridad son las encargadas de ocuparse de cuestiones relativas a la salud mental (incluyendo en ello el consumo problemático) y si el modo de intervención adecuado es el punitivo.

Claramente sabemos que no y de hecho existe una ley de salud mental rigurosamente elaborada por especialistas, basada además en la experiencia clínica que da cuenta de ello. Pero claro, en los casos de consumo problemático además, contamos con la preocupante concepción de equipararlo a la delincuencia.

Hoy más que nunca se hace necesaria la discusión, también, de cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y hasta cuándo nuestra sociedad deberá ser testigo de hechos de violencia y de cómo las fuerzas de seguridad parecen hacer la vista gorda ante situaciones donde debe priorizarse el derecho a la salud y a la recuperación de cada argentino o argentina que así lo requiera.

Ph: Eliana Obregón (Télam).-