Se inició el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la cual será responsable de la custodia de detenidos por delitos no federales.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordó este jueves con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el inicio del proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Este paso marca un hito en la consolidación de la autonomía porteña y posiciona a la Ciudad como responsable de la ejecución de penas privativas de la libertad y de la custodia de personas detenidas por causas no federales.
El acuerdo fue sellado el jueves 18 de julio en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, ubicada en la avenida Gelly y Obes, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Participaron también autoridades técnicas y políticas de ambas jurisdicciones. Por parte de la Nación, estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la directora nacional de Modernización del Sistema y Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. En representación de la Ciudad asistieron el jefe y el vicejefe de Gabinete, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.
Según se informó oficialmente, el traspaso incluirá los casos que sean competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Los delitos federales, como narcotráfico o trata de personas, seguirán bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
Esta transferencia de competencias se suma a otras que viene impulsando el Gobierno porteño desde hace años. En 2016, la Ciudad creó su propia fuerza de seguridad, la Policía de la Ciudad, y en los últimos años fortaleció su sistema judicial local. Ahora, el manejo de las unidades penitenciarias y la ejecución de las penas en causas no federales representan un nuevo eje de autonomía institucional.
Aunque todavía no hay una fecha exacta para la implementación plena del traspaso, se acordó la creación de mesas de trabajo conjuntas para definir los aspectos logísticos, presupuestarios y normativos que garanticen una transición ordenada. Estas mesas estarán integradas por equipos técnicos y funcionarios de ambas jurisdicciones.
Desde el Gobierno porteño señalaron que esta medida permitirá gestionar de forma más eficiente el sistema penitenciario local, adaptándolo a las necesidades específicas de la Ciudad y con un enfoque centrado en la reinserción social. Además, destacan que esto podría contribuir a aliviar el colapso que muchas veces afecta al sistema penitenciario federal, sobrecargado por la demanda de plazas y la falta de recursos.
Uno de los aspectos que se evaluará en las próximas etapas es la infraestructura disponible. Actualmente, los detenidos por causas no federales en la Ciudad suelen ser alojados en comisarías o trasladados a cárceles federales en otras jurisdicciones, lo que genera complicaciones tanto para su seguimiento judicial como para el acceso a servicios básicos. Con el traspaso, la Ciudad deberá definir si construirá nuevos centros de detención o si adaptará espacios ya existentes.
Asimismo, se pondrá especial atención en las condiciones laborales del personal penitenciario involucrado en el traspaso. Fuentes oficiales aseguraron que se buscará garantizar la continuidad laboral, el respeto a los derechos adquiridos y la incorporación progresiva al régimen de la Ciudad.
El traspaso del sistema penitenciario a la órbita porteña no solo representa una reorganización institucional, sino también una oportunidad para repensar el rol de las cárceles en el marco de una política de seguridad integral. La Ciudad proyecta un modelo que combine custodia efectiva con programas de formación, asistencia.
