lunes, enero 17

Llegaron las firmas por Costa Salguero

Ahora la legislatura tiene la obligación de tratar el proyecto presentado por la comunidad y expresar su voluntad o no. Será un parque público costero o un barrio privado cerrado de alto costo con vista al río.

El día ayer estuvo muy movido en los alrededores de la legislatura porteña, ya que llegaron las más de 50.000 firmas recolectadas para tratar de impedir que el Gobierno de la Ciudad de Buenos avance con la privatización del predio de Costa Salguero sobre la Costanera Norte, a orillas del Río de la Plata.

Esta idea de iniciativa popular que propone crear un parque público en dicho espacio y no un barrio privado cerrado, deberá tratarse en el recinto legislativo en un plazo no menor a 20 días desde su ingreso formal.

“Para que la Ciudad de Buenos Aires sea sustentable hay que defender lo público, la sociedad y la vida. Costa Salguero es un símbolo de la defensa de un modelo de democracia que pone al ser humano en el centro del debate”, dijo el candidato a diputado nacional Leandro Santoro, en el acto organizado en la puerta del poder legislativo porteño.

También sumó su voz el senador nacional por la ciudad Mariano Recalde, quien se refirió a la iniciativa popular como un mecanismo previsto en la Constitución y explicó que “hace unos pocos meses decidimos promoverla para que las miles de personas que se opusieron al proyecto de privatización en la audiencia pública encontraran otro canal de expresión, para que, de una buena vez, Larreta escuche lo que reclama el pueblo”.

El proyecto que tendrán en sus mesas ahora los legisladores y legisladores tiene dos artículos, uno que deroga la venta de Costa Salguero y otro que dispone la creación de un parque público costero en ese predio.

¿Qué dice la ley sobre las iniciativas populares?

Deberán contar con el apoyo del 1,5% del electorado y ser votadas en la Legislatura en un período no mayor a un año, desde que toman estado parlamentario.

Actualmente, la posibilidad de vender Costa Salguero se encuentra frenada por dos fallos de la justicia porteña: una resolución del juez de primera instancia Leonardo Furchi, quien consideró en abril pasado que la ley que autorizó la enajenación del predio fue inconstitucional, y una confirmación de segunda instancia dictada en octubre por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.