sábado, septiembre 25

Sigue el avance contra la costanera

Ahora le tocó el turno a la Costanera Sur. Y justo cuando la legislatura porteña se prestaba a tratar el convenio entre el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y la empresa IRSA para desarrollar un proyecto inmobiliario a cambio de 48 hectáreas que quedarían en manos de la ciudad, llegó a tiempo la suspensión del trámite parlamentario del juez Guillermo Scheibler, quien hizo lugar a un amparo de organizaciones sociales y ambientales que denunciaron la falta de cumplimiento de la audiencia pública y el estudio de impacto ambiental, ambos procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

¿De qué zona de la ciudad estamos hablando?

Estos terrenos están frente a Puerto Madero, sobre la Av. España al 2.200, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio Rodrigo Bueno. Eran propiedad del Estado Nacional hasta que en la década del sesenta fueron donados a Boca Juniors para la construcción de una ciudad deportiva, con la prohibición de que fuera vendido a privados.

Tiempo después esta prohibición quedó sin efecto y en 1997 las tierras fueron compradas por la empresa IRSA a cambio de 50 millones de dólares.

¿Cuál es la traba?

Durante muchos años la empresa buscó cambiar los permisos urbanísticos -ya que sólo se permiten actividades deportivas allí- y ahora encontró eco en el gobierno porteño, que hizo un acuerdo con la firma y quieren llevar al recinto el proyecto para este predio ribereño, que buscará construir edificios de altura símil Puerto Madero.

La responsabilidad de la legislatura

El cuerpo de legisladores deberá aprobar o no la elevación del permiso de altura desde 12 metros a 145 metros, para luego habilitar este gigante inmobiliario que pretende hacer IRSA frente al río. La ciudad se defenderá planteando que le quedará suficiente espacio para construir un parque público. Pero la oposición política porteña ya se expresó de forma contundente. “De realizarse este proyecto, se vería afectada una zona que es un humedal aledaño a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur”, dijo Lucía Cámpora, en tanto que recordó que “esas tierras que hoy son de un privado, eran públicas y sobre ellas hubo una estafa al Estado Nacional”.

La posición de la sociedad civil

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado Jonatan Baldiviezo estimó que el nuevo parque que se estipula en el convenio “no agrega espacio nuevo, sino que es el necesario para la nueva población que se va a agregar, es decir que no hay ninguna compensación de espacio verde para la ciudad”.

Y en la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria plantearon que el proyecto directamente “destruirá el humedal costero” ya que “actividades extractivas como las hidráulicas y las vinculadas a emprendimientos inmobiliarios, como en este caso, degradan y destruyen los humedales”.

Ph: Víctor Carreira – Télam.-