Así definió Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la subasta del edificio ubicado en Juan D. Perón 3227 por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta nota, nos cuenta cómo fue ese proceso.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se subastó un edificio importante, este está situado en la calle Juan Domingo Perón al 3227. La importancia de este era por el uso que se le quería dar; uso que iba a servir para que los chicos y chicas de la comuna tengan un polideportivo. El Gobierno de la Ciudad lo subastó por un millón de dólares, una cifra muy baja para lo que mide el edificio. Son 1230 metros cuadrados, un predio bastante grande que para el precio que se lo subastó es extremadamente bajo.
Sobre este problema, le consultamos a Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad; una organización social independiente e interdisciplinaria, que fue exactamente lo que sucedió con el edificio: “Fue puesto en subasta porque desde el año 2019 en diciembre, la ley 6287 lo incluía en una lista de inmuebles que habían sido declarados innecesarios por el Gobierno de la Ciudad. En enero de este año, el gobierno inició el proceso de subasta y con un piso de solo un millón de dólares. Además, como sabemos todos los remates judiciales se pagan en pesos y al cambio oficial; entonces era baja, un regalo, una entrega del patrimonio nuestro. Ese edificio está localizado en un terreno de 1230 metros cuadrados, imaginate todo lo que se puede construir”.
Godoy y los demás miembros del Observatorio señalan que cuando eso se vaya a construir se verá perjudicado el Parque de la Estación situado en Juan Domingo Perón al 3300, porque los vientos y el sol no van a volver a dar de la misma manera en ese sector del parque.
“No hay antecedentes de que éste tipo de decisiones se anulen, pero bueno siempre está la posibilidad de hacer alguna acción. Por ahora que yo sepa no se está haciendo para impugnar una subasta tan deshonrosa, tan oprobiosa, tan ruinosa para el erario público porque ese dinero que va a entrar va a ser -chaucha y palito- por un bien importantísimo que estamos perdiendo”, manifestó a TdB la integrante del observatorio, Myriam Godoy.
Continuó declarando que la persona o empresa que termine comprando tendrá que firmar un contrato de comodato por dos años. Por ende, indica que entonces el edificio no era innecesario, ya que el gobierno avisó el viernes previo a la subasta que se realizó el martes que iban a necesitar el edificio por dos años más. Godoy comentó que eso quiere decir que ese bien tenía que ser usado, que no era innecesario y que por eso hicieron firmar ese comodato a los compradores.
Sobre el tema subastas, se le consultó si ya había sucedido algún caso parecido en la comuna: “En nuestro barrio ya tenemos la experiencia de Pringles 340 – 342 que también estaba en la lista de bienes declarados innecesarios, pero que no se pudo vender y en sucesivas subastas no se vendió. Ahora está tomado por familias que lo necesitan y que de alguna manera hacen cumplir la ley 2930 de plano urbano ambiental que dice que las tierras públicas que se vendan tienen como prioridad vivienda social. Desde el Observatorio del derecho a la ciudad, hemos denunciado muchas veces las ventas de tierras públicas. El gobierno de la ciudad logró vender gran cantidad de terrenos en distintos barrios de toda la ciudad, terrenos o inmuebles, propiedades; no logró vender todo lo que se proponía, pero el 80% lo ha vendido”.
Ya finalizando, Godoy criticó el accionar del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en el cuál habló de la cantidad de metros cuadrados vendidos a lo largo de su gestión: “Lo que sabemos es que durante toda su gestión, Larreta vendió 500 hectáreas de tierra pública entre bienes inmuebles y espacios verdes. 150 de esas 500 son espacios verdes, tierra absorbente que la necesitamos para vivir en el momento que estamos pasando en el planeta, que es ésta crisis climática”.
“Lamentablemente, el gobierno vende la tierra a precios viles y se benefician las grandes empresas inmobiliarias que construyen viviendas que ni siquiera es para palear ninguna deficiencia de vivienda; ni se venden tampoco créditos hipotecarios al alcance de nuestros jóvenes que quieran empezar una nueva vida. Todo eso queda luego como refugio de dinero; algunos dicen lavado de dinero, viviendas inaccesibles mientras que aumenta el porcentaje de inquilinos en la ciudad”, sentenció Myriam Godoy.
