Daniel Funes de Rioja propuso dejar pagar los sueldos a quienes no se vacunen y desde la central obrera y la oposición política al gobierno de Larreta en la ciudad le salieron con los tapones de punta, en defensa de los derechos laborales.
La semana estuvo caldeada por los dichos del nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, quien planteó en forma directa que se dejen pagar los sueldos a las personas que decidan no recibir la vacuna contra el coronavirus.
Primero fue la central obrera (CGT) la que rechazó esta idea y ahora el precandidato a legislador porteño Alejandro Amor, que también cruzó al empresario al decir que “es una irresponsabilidad hacer una declaración de ese tipo”.
El actual conductor de la UIA, Daniel Funes de Rioja, un dirigente con larga trayectoria en el gremialismo empresarial y dirigente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), había comunicado sin ningún prurito respecto de la situación de los trabajadores/as que “aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración”.
Inmediatamente de producitse la noticia, la CGT emitió un comunicado oficial en el que planteó que “castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado”.
Pero en la arena política porteña, fue el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a legislador porteño, Alejandro Amor, quien levantó la voz para señalar que “es una irresponsabilidad hacer una declaración de ese tipo. Los derechos laborales no tienen absolutamente nada que ver con la situación de la pandemia. Han sido afectados porque, bajo la lógica que tuvieron algunos sectores empresarios, el Gobierno Nacional tuvo que salir a dictar un decreto para evitar los despidos que se pretendían hacer y, además, los asistió a través de los apoyos económicos que se dieron”.
El también abogado especialista en relaciones laborales y con pasado en el gremio de los municipales explicó que “ante este contexto de incertidumbre, no se pueden plantear posiciones determinantes: se echa a la gente o se le paga el sueldo. Seamos responsables, nada se construye sobre el castigo, la sanción y mucho menos quitándole el salario a una persona que está trabajando. Porque también se podría tomar con el mismo criterio determinadas actitudes desde el Estado contra algunos sectores empresarios que, a lo mejor, aquellas ganancias que obtienen lícitamente se la sacan de la Argentina y se la llevan a paraísos fiscales. Y la verdad es que el Estado argentino los apoyó, los acompañó, hizo todos los esfuerzos sosteniéndolos”.
Ph: Télam.-
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